La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) dejó en claro que no participa en la definición ni en la negociación de su presupuesto estatal, al precisar que este proceso corresponde exclusivamente a los acuerdos que se establecen entre el Gobierno de la República y el Ejecutivo estatal. La institución afirmó que su papel se limita a la administración responsable de los recursos que le son asignados.
El rector Alejandro Zermeño Guerra explicó que la autonomía universitaria tiene como finalidad proteger a la casa de estudios de presiones políticas y de dinámicas partidistas, por lo que la universidad no realiza gestiones ante el Congreso local ni interviene en discusiones legislativas relacionadas con su financiamiento. Enfatizó que esta condición garantiza la estabilidad institucional y la independencia académica.
En este contexto, la rectoría manifestó su preocupación ante la posibilidad de un ajuste presupuestal cercano a los 200 millones de pesos, escenario que, de concretarse, tendría consecuencias inmediatas en las actividades académicas. Entre los efectos potenciales se encuentran la disminución de horas clase, la reestructuración de grupos y afectaciones a programas educativos, aunque confió en que prevalezca una solución favorable.
Zermeño Guerra reconoció que, si bien en los últimos años se han registrado avances en la aportación estatal, el cumplimiento integral del convenio entre la Federación y el estado aún enfrenta retos. Sostuvo que el objetivo central es asegurar un financiamiento suficiente, estable y predecible que permita mantener la calidad de la educación superior pública en San Luis Potosí.
Actualmente, el presupuesto de la UASLP se integra por recursos federales canalizados a través de la Secretaría de Educación Pública y por aportaciones estatales definidas en un esquema de colaboración. La universidad ha planteado la conveniencia de establecer un porcentaje fijo del presupuesto estatal para la educación superior; sin embargo, reiteró que la determinación final corresponde a las autoridades gubernamentales.