La discusión sobre la reducción de la jornada laboral en México ha reabierto un debate histórico que va más allá de la productividad. Para Guillermo Luévano Bustamante, investigador de la Facultad de Derecho de la UASLP y coordinador de la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, el tema central es el reconocimiento del descanso como un derecho humano que el país ha postergado desde hace más de un siglo, pese a los cambios sociales y económicos.

El académico recuerda que la jornada máxima de 48 horas semanales se mantiene intacta desde la Constitución de 1917 y la Ley Federal del Trabajo de 1931, mientras que en otras regiones del mundo ya se aplican esquemas de 40 o incluso 35 horas. En ese contexto, iniciativas impulsadas por organizaciones como el Frente Nacional por las 40 Horas han buscado una reducción real, acompañada de medidas como una prima sabatina, bajo el argumento de que estos cambios no han generado crisis económicas en otros países ni en México con reformas previas como el aumento al salario mínimo.

Sin embargo, Luévano Bustamante advierte que la propuesta presentada por el gobierno federal se aleja de estas demandas al plantear una reducción gradual que iniciaría en 2027 y concluiría hasta 2030. A ello se suma la intención de ampliar el margen de horas extra pagadas al doble, de 9 a 12 por semana, lo que reduciría el ingreso de quienes dependen de ese tiempo adicional para completar su salario, aun cuando el sueldo base se mantenga sin cambios.

El especialista también cuestiona la limitada inclusión de organizaciones independientes en los espacios de discusión, dominados por sindicatos corporativos y cámaras empresariales. Desde su perspectiva, la reforma debe pensarse como una política de salud pública y bienestar social, no como una concesión. Reducir la jornada de manera inmediata, sostiene, sería un paso necesario para saldar una deuda histórica con la clase trabajadora y avanzar hacia un equilibrio real entre la vida laboral, familiar y personal.