La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) inició la reincorporación de docentes que fueron separados de sus funciones tras denuncias por presunto acoso que, de acuerdo con las autoridades educativas, no cuentan con elementos suficientes. Esta medida busca atender la falta de maestros en diversos planteles del Altiplano potosino, donde decenas de grupos permanecieron sin atención académica.

El titular de la dependencia, Juan Carlos Torres Cedillo, explicó que, conforme a los protocolos vigentes, cualquier señalamiento contra un docente obliga a su separación inmediata del grupo, aun cuando no exista una investigación concluida. Si bien esta acción se aplica como medida preventiva, reconoció que ha generado afectaciones directas al proceso educativo, al dejar aulas sin maestro durante periodos prolongados.

El funcionario detalló que este escenario se ha repetido en distintas escuelas, ya que las denuncias suelen presentarse sin considerar el impacto que tienen en la continuidad escolar de niñas, niños y adolescentes. Una vez activado el protocolo, los docentes deben abandonar sus actividades mientras se revisa su situación legal, lo que provoca vacíos que la SEGE no siempre logra cubrir de manera inmediata por la falta de personal disponible.

Ante este panorama, Torres Cedillo informó que el Congreso del Estado aprobó recientemente una reforma legal que permitirá agilizar la defensa de los maestros acusados sin fundamentos sólidos. Explicó que la nueva disposición busca acortar los tiempos de resolución de los casos, evitando separaciones prolongadas e injustificadas que afectan tanto a los docentes como a los estudiantes.

Actualmente, la SEGE mantiene en análisis alrededor de 30 casos de docentes que fueron retirados de las aulas por denuncias que podrían resultar improcedentes. Con la aplicación de la nueva ley, estos maestros podrán reincorporarse de manera provisional a sus funciones mientras continúa el proceso legal correspondiente.

El secretario de Educación subrayó que esta medida no implica impunidad ni minimiza la gravedad de las denuncias reales. Aseguró que, en caso de que se confirme alguna responsabilidad, se aplicarán las sanciones conforme a la ley. Sin embargo, enfatizó que el objetivo principal es proteger el derecho a la educación y evitar que los estudiantes sigan siendo los principales afectados por procesos prolongados.

Finalmente, Torres Cedillo reiteró que la SEGE mantendrá vigilancia y acompañamiento en cada caso, garantizando tanto la protección de los alumnos como el respeto al debido proceso de los docentes, en un esfuerzo por equilibrar justicia y continuidad educativa en las escuelas del estado.