En Sesión Ordinaria, el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por unanimidad los decretos que expiden las Leyes de Ingresos de 29 ayuntamientos para el Ejercicio Fiscal 2026, así como importantes reformas constitucionales en materia de pueblos y comunidades indígenas, y de personas cuidadoras, consolidando avances legislativos de impacto social y administrativo.
Las iniciativas de Leyes de Ingresos Municipales fueron presentadas por la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal, presidida por la diputada Dulcelina Sánchez de Lira. De acuerdo con lo expuesto, estos ordenamientos no contemplan incrementos desproporcionados, ya que el objetivo principal es proteger la economía de las familias potosinas. Los decretos corresponden a municipios como San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Villa de Pozos, Xilitla, Zaragoza, entre otros.
Durante la misma sesión, el Pleno aprobó el Decreto de separación del cargo de los 12 concejales y dos síndicos del municipio de Villa de Pozos, al acreditarse la pérdida de confianza institucional derivada de transgresiones graves y generalizadas a los principios del servicio público. Se precisó que esta determinación no prejuzga posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales, las cuales deberán resolverse conforme a derecho.
Posteriormente, las y los legisladores designaron a los nuevos integrantes del Concejo Municipal de Villa de Pozos, quienes ejercerán funciones del 15 de diciembre de 2025 al 30 de septiembre de 2027. Los nombramientos fueron avalados por unanimidad y las y los concejales rindieron protesta en Sesión Solemne.
En materia constitucional, se aprobó la reforma al artículo 9°, con el fin de armonizar la legislación estatal con el artículo 2° de la Constitución federal, fortaleciendo los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Entre los avances destacan el reconocimiento de la medicina tradicional, la partería, el derecho a intérpretes y defensores especializados, la consulta previa y el respeto a su organización social, cultural y económica, así como la garantía de los derechos de mujeres, niñas, niños y jóvenes indígenas.
Asimismo, se avaló la adición del artículo 12 constitucional, en materia de personas cuidadoras, y otros dictámenes relacionados con el combate a la extorsión y la revisión urgente de guarderías y estancias infantiles en los 59 municipios del estado.
Concluidos los trabajos, el Congreso declaró clausurado el Primer Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIV Legislatura e instaló la Diputación Permanente.
