Por unanimidad, el Pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó un Decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal estatal, así como de la Ley del Sistema de Seguridad Pública, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y la Ley de Responsabilidades Administrativas, con el propósito de fortalecer el combate al delito de extorsión y armonizar la normativa local con la legislación federal vigente.
La iniciativa fue presentada por el diputado Carlos Artemio Arreola Mallol, quien explicó que estas reformas responden a la necesidad de adecuar el marco jurídico estatal a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, particularmente en lo referente a sanciones, agravantes y procedimientos aplicables.
En el caso del Código Penal del Estado, se modifican las disposiciones del Capítulo VI del Título Octavo, donde actualmente se regula el tipo penal de extorsión, con el fin de realizar la remisión correspondiente a la Ley General, garantizando así una aplicación homogénea de las sanciones y criterios establecidos a nivel nacional.
Respecto a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, las reformas establecen de manera clara las acciones que deberán implementar las instituciones de seguridad estatales y municipales para prevenir y combatir este delito. Como parte central de estas modificaciones, se crea el Centro Estatal de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, instancia que tendrá a su cargo la recepción, registro, canalización, atención y seguimiento de denuncias, además de fortalecer la vinculación con la ciudadanía para orientar e informar sobre las medidas de prevención.
En cuanto a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, se contempla la creación de una unidad especializada en la investigación y persecución del delito de extorsión y delitos relacionados, integrada por agentes del Ministerio Público, policías de investigación, peritos y analistas debidamente capacitados, certificados y evaluados conforme a los lineamientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta unidad permitirá diseñar y ejecutar estrategias específicas para enfrentar este ilícito.
Finalmente, se reforman disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas para incorporar como faltas graves aquellas conductas de servidores públicos que contravengan la Ley General en materia de extorsión, reforzando así la rendición de cuentas y la legalidad en el servicio público.
Con estas reformas, el Congreso del Estado busca fortalecer las herramientas legales e institucionales para prevenir, investigar y sancionar de manera más eficaz el delito de extorsión en San Luis Potosí.
