Desde el 15 de diciembre de 2025, trabajar de pie dejó de ser sinónimo de aguantar toda la jornada sin descanso. Con la entrada plena en vigor de la llamada Ley Silla, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social estableció como obligación patronal proporcionar asientos con respaldo a las personas trabajadoras, permitiéndoles alternar entre estar sentadas y de pie sin afectar el desarrollo de sus funciones.

La reforma, publicada un año antes y aplicada de forma gradual, impacta de manera directa a los sectores industrial, comercial y de servicios, donde millones de personas pasan largas horas en bipedestación. La norma señala que, incluso cuando la actividad no permita colocar una silla en el puesto de trabajo, los empleadores deberán habilitar áreas cercanas con asientos adecuados y definir, de común acuerdo, pausas y tiempos de descanso durante la jornada.

Más allá del mobiliario, la ley obliga a replantear la organización interna de los centros laborales. Los reglamentos interiores deberán actualizarse para reconocer los riesgos asociados a permanecer de pie por periodos prolongados, así como detallar la ubicación, disponibilidad de las sillas y las pausas permitidas. La STPS adelantó que estos puntos formarán parte del Programa Anual de Inspección 2026, con un enfoque de acompañamiento y verificación.

El cambio tiene un trasfondo social y sanitario: reducir lesiones musculares, fatiga crónica y otros padecimientos derivados de jornadas rígidas. La Ley Silla se suma así a una serie de ajustes laborales que buscan trasladar el debate del simple cumplimiento legal hacia la dignidad cotidiana del trabajo, donde descansar también es un derecho.