La Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado analiza una propuesta de reforma al Código Penal de San Luis Potosí que busca castigar con mayor severidad el delito de despojo, al considerar que no solo vulnera el patrimonio de las víctimas, sino que afecta directamente su seguridad, tranquilidad y la confianza en las instituciones públicas.

La iniciativa plantea modificaciones al artículo 227 y la adición del artículo 228 Bis, con el objetivo de actualizar el marco legal frente a una problemática que ha mostrado un crecimiento preocupante en la entidad. De acuerdo con datos presentados durante el análisis, tan solo en 2025 se registraron 277 denuncias por despojo, cifra que evidencia la necesidad de una respuesta penal más firme y eficaz.

El derecho a la propiedad y a la posesión pacífica de los bienes está protegido por el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, este derecho se ve gravemente afectado cuando una persona es privada de su inmueble mediante violencia física o moral, engaños, simulación de actos de autoridad o de manera furtiva, conductas que caracterizan al delito de despojo.

Durante la exposición de motivos, se destacó que este ilícito no solo representa una pérdida económica para las víctimas, sino que genera un impacto emocional profundo, al provocar miedo, incertidumbre y desconfianza hacia las autoridades encargadas de impartir justicia. Además, se advirtió que el aumento de estos casos pone en riesgo el orden público y la cohesión social, al afectar uno de los pilares del desarrollo económico y social: la certeza sobre la propiedad.

La reforma también considera la inclusión de agravantes específicas cuando las víctimas pertenezcan a sectores vulnerables, como personas adultas mayores, personas con discapacidad o ascendientes, quienes suelen enfrentar mayores dificultades para defenderse debido a su condición física, social o económica.

Otro punto relevante es la participación de redes de corrupción y la colusión de servidores públicos en este tipo de delitos, así como el uso de documentación falsa o la simulación de funciones oficiales, prácticas que agravan el daño y debilitan el Estado de derecho. En este sentido, se subrayó que en los últimos seis meses se han documentado alrededor de 270 casos, lo que refuerza la urgencia de establecer sanciones ejemplares.

Con esta reforma, se busca enviar un mensaje contundente de que en San Luis Potosí no habrá tolerancia para el despojo, especialmente cuando implique abuso de poder, engaño o violencia contra los sectores más desprotegidos, reforzando así la protección del patrimonio, la seguridad y la confianza ciudadana.