Con el objetivo de fortalecer la protección del patrimonio familiar y atender uno de los reclamos sociales más recurrentes en San Luis Potosí, el diputado Fernando Gámez Macías presentó una iniciativa de reforma al artículo 218 del Código Penal del Estado, enfocada en incrementar las sanciones por los daños ocasionados durante robos en casa habitación, sus dependencias o en vehículos de motor.
El legislador señaló que este tipo de delitos no solo representa una pérdida económica para las víctimas, sino un ataque directo a su tranquilidad, seguridad y dignidad. Explicó que, en muchos casos, el impacto del robo va más allá de los objetos sustraídos, ya que los delincuentes provocan destrozos considerables al forzar puertas, romper cerraduras, ventanas, cristales o incluso causar daños estructurales en viviendas y automóviles.
Gámez Macías subrayó que esta realidad cotidiana deja a las familias en una situación de mayor vulnerabilidad, pues además de enfrentar la pérdida de sus bienes, deben asumir gastos adicionales para reparar los daños causados, los cuales con frecuencia superan el valor de lo robado. Sin embargo, la legislación vigente no contempla sanciones proporcionales para este tipo de afectaciones, ya que el robo calificado considera la gravedad del hecho por ocurrir en casa habitación, pero no distingue ni castiga de manera específica los daños materiales adicionales.
La iniciativa plantea que el Código Penal reconozca de forma clara este doble perjuicio, estableciendo que el responsable no solo sea sancionado por el robo, sino también por los daños ocasionados al patrimonio de la víctima. En este sentido, se propone que las penas puedan incrementarse hasta en dos terceras partes cuando se acredite que, además del robo, se causaron destrozos deliberados en el inmueble o vehículo.
El diputado destacó que la reparación integral del daño debe ser un principio central de justicia, por lo que la propuesta también busca dejar explícita la obligación del responsable de resarcir completamente los daños materiales ocasionados. Asimismo, consideró que el endurecimiento de las penas tendría un efecto disuasivo, al enviar un mensaje claro de que este tipo de conductas tendrán consecuencias más severas.
La propuesta de reforma fue turnada a la Comisión Primera de Justicia, donde actualmente se encuentra en análisis. De ser aprobada, representaría un paso importante para reforzar la seguridad jurídica y la protección del patrimonio de las familias potosinas, frente a delitos que afectan directamente su calidad de vida y sensación de seguridad.
