A la Comisión de Puntos Constitucionales y a la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social fue turnada una iniciativa de reforma constitucional presentada por la diputada María Leticia Vázquez Hernández y por el diputado Rubén Guajardo Barrera, para que de aprobarse por el Pleno la investigación de todos los delitos del fuero común que le correspondan al Ministerio Público se involucre a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Guardia Civil Estatal, y a las policías municipales, cada una en el ámbito de su competencia.

La propuesta pretende armonizar la legislación local con el ámbito federal y tiene como propósito fundamental reforzar las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado para que la actuación de dichas instituciones y corporaciones en materia de investigación, se realice bajo la conducción y mando del Ministerio Público.

La persecución de dichos delitos ante los tribunales, corresponde exclusivamente al Ministerio Público, y tanto para ello como para las funciones de investigación, contará con facultades para solicitar las medidas cautelares contra los imputados, buscar y presentar las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito.

Procurará que los juicios en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine.

Es importante resaltar que el 31 de diciembre del 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública, donde incluye una modificación para que las actividades de investigación de los delitos, dejen de corresponder exclusivamente al Ministerio Público y que también incluyeran a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Guardia Nacional y a las corporaciones de seguridad pública.

La participación de más instituciones y de las corporaciones de seguridad pública, pueden ayudar a aumentar la eficacia de las investigaciones criminales, lo que eventualmente puede llevar a una mejora de las altas cifras de impunidad en México.

En vista de lo anterior, el cometido de esta iniciativa es reformar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, para armonizarla con las nuevas disposiciones citadas y poder reforzar las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado.

Se propone una modificación para establecer con la mayor claridad posible, las nuevas instituciones que puedan tomar parte en la investigación, y que la persecución de dichos delitos ante los tribunales permanezca, expresamente, como una facultad exclusiva del Ministerio Público.