El Pleno del Congreso del Estado aprobó elevar a rango de ley la autonomía reproductiva como un derecho humano fundamental que garantiza a las personas la capacidad de decidir libre y responsablemente sobre su cuerpo, salud reproductiva y proyecto de vida.

La propuesta aprobada es autoría de presidenta de la Comisión Legislativa de Igualdad de Género, diputada Roxanna Hernández Ramírez la cual reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y a la Ley de Educación del Estado que indica que en San Luis Potosí la mujer tiene  derecho a decidir de forma libre, informada y segura sobre la maternidad o paternidad, incluyendo la capacidad de decidir si tener o no hijos, cuándo y cuántos.

En este sentido, se señala como antecedentes que la Comisión Interamericana reafirma que la autonomía y libertad reproductiva se refieren al derecho a tomar decisiones autónomas sobre el cuerpo, el plan de vida y la salud sexual y reproductiva, libre de toda violencia, coacción y discriminación. 

Asimismo, la Corte Interamericana ha señalado que existe una conexión entre la autonomía personal, la libertad reproductiva y la integridad física y psicológica, por tanto, la falta de salvaguardas legales para tomar en consideración la salud reproductiva puede resultar en un menoscabo grave del derecho a la autonomía y libertad reproductiva. 

Así, el ejercicio de estos derechos requiere el acceso a servicios de salud reproductiva, información, educación y medios que permitan a las mujeres decidir de forma libre y responsable si tener descendencia o no, la cantidad y cuando, ya que a nivel mundial, casi la mitad de los embarazos no son planificados y no deseados. 

Aunado a lo anterior también existen los factores comunes como es el alto nivel de necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos, la falta de acceso a una educación sexual integral y la alta incidencia de la violencia sexual. 

Con ello se suman los impedimentos para acceder a abortos seguros debido a restricciones jurídicas, pues se vulnera el derecho de las mujeres a la autonomía y libertad reproductiva, afectando especialmente a las adolescentes.