Las escuelas públicas de San Luis Potosí atraviesan un momento poco habitual en el termómetro institucional: las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos van a la baja. De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), durante 2024 solo se registró un caso formal ante instancias defensoras, mientras que en lo que va de 2025 se han contabilizado dos, una tendencia que apunta a entornos escolares más estables en las cuatro regiones de la entidad.

Detrás de estas cifras hay un cambio de enfoque. La autoridad educativa ha optado por la prevención antes que la corrección tardía, con un trabajo constante de acompañamiento a las comunidades escolares. Directivos, docentes y personal administrativo han sido capacitados en cultura de paz, trato digno y manejo de conflictos, con el objetivo de detectar tensiones a tiempo y evitar que escalen a escenarios de vulneración de derechos.

Este modelo se articula con la estrategia integral de seguridad impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, que en el ámbito educativo ha buscado fortalecer los protocolos y profesionalizar la atención de situaciones sensibles. La apuesta, más que sancionadora, ha sido pedagógica: construir confianza con madres, padres y tutores para que la escuela vuelva a ser un espacio seguro y predecible.

La SEGE mantiene un seguimiento puntual de cada inconformidad y ha reiterado que el trabajo continuará enfocado en acciones preventivas y mecanismos de atención inmediata. El objetivo de fondo es consolidar planteles donde la legalidad, el respeto y la convivencia basada en derechos no sean un discurso, sino una práctica cotidiana que se refleje, incluso, en la disminución de quejas formales.