Con una pena de seis meses a tres años de prisión y sanción pecuniaria de cien a trescientos días del valor la Unidad de Medida y Actualización (UMA) las cuales aumentarán en un tercio si la victima fuera una niña, niño o adolescente, para aquellas personas que se encuentren culpables del delito de ciberacoso sexual, es parte de una reforma al Código Penal del Estado de San Luis Potosí presentada ante el Pleno del Congreso del Estado presentada por la Comisión Legislativa Primera de Justicia.

El Dictamen que insta adicionar los artículos 181 bis y 181 ter al Código Penal del Estado de San Luis Potosí busca tipificar el delito de ciberacoso sexual el cual define como el hostigamiento a una persona mediante el uso de tecnologías de la información, redes sociales, mensajería instantánea o cualquier medio digital, con conductas de connotación sexual no consentidas.

Propone establecer que se comete el delito de ciberacoso, quien, valiéndose de tecnologías de la información y telecomunicaciones, redes sociales, correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier medio digital, asedie, hostigue, acose, persiga, intimide o aceche a una o varias personas sin su consentimiento.

En la exposición de motivos de la iniciativa establece que estas conductas, que incluyen el envío de mensajes, proposiciones o comentarios sexuales explícitos no deseados, así como el acecho digital con fines lascivos, generan un daño psicológico profundo, vulneran la intimidad y la tranquilidad de las víctimas, y pueden escalar a formas de violencia aún más graves. 

Se indica que si bien nuestro ordenamiento ya tipifica delitos como el hostigamiento sexual y cuenta con una robusta figura contra la difusión ilícita de imágenes íntimas, existe un vacío legal evidente respecto al acoso sexual que ocurre íntegramente en entornos digitales, particularmente cuando no media una relación de subordinación previa y cuando la agresión no consiste en la difusión de contenido visual. 

La iniciativa señala que la ausencia de una norma clara puede generar incertidumbre jurídica y dificultar la prevención y erradicación de esta forma de violencia. La violencia digital, en sus diversas formas, representa una amenaza real y creciente en nuestra sociedad. Este vacío deja en estado de indefensión a las víctimas de estas prácticas.