Por Redacción Contra Réplica

Agreden a jueza en San Luis Potosí tras resolución de custodia que generó inconformidad

El caso reaviva el debate sobre la protección de menores en procesos judiciales y la seguridad de las y los servidores públicos del Poder Judicial.

Una jueza del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí fue agredida verbalmente luego de emitir una resolución relacionada con la custodia de un menor de edad, lo que ha generado controversia pública y cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades en este tipo de casos.

De acuerdo con los testimonios difundidos, la jueza Fátima Elizabeth Viera Gutiérrez dictó, durante una audiencia celebrada el 16 de diciembre de 2025, la entrega inmediata de un menor a su madre, pese a que existía una carpeta de investigación y antecedentes de presunto riesgo. La decisión habría sorprendido a las partes, ya que la diligencia estaba programada únicamente para revisar la ampliación de una medida provisional de custodia que mantenía al niño bajo resguardo del padre desde julio.

Testigos afirman que, durante el desarrollo de la audiencia, el menor expresó su deseo de no ser retirado del domicilio paterno; sin embargo, la jueza ordenó la restitución a la madre, lo que detonó inconformidad entre los familiares del padre. Al salir de la sala, la juzgadora fue increpada, insultada y amenazada por un grupo de personas, hechos que quedaron grabados en video y que se difundieron ampliamente en redes sociales.

Diversos sectores han condenado las agresiones, al considerar que representan un atentado contra la integridad de una servidora pública y vulneran el respeto al Poder Judicial. No obstante, también se ha generado discusión sobre la necesidad de garantizar que las decisiones en materia familiar prioricen siempre el interés superior del menor y cuenten con sustento psicológico y jurídico sólido.

Hasta el momento, no se ha emitido un posicionamiento oficial por parte del Poder Judicial ni de las autoridades estatales. Se espera que, en las próximas horas, se definan las acciones a seguir tanto en la investigación de las agresiones como en la revisión del caso de custodia que originó la controversia.