Con una pena de seis meses a dos años de prisión y sanción pecuniaria de sesenta a doscientos días del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), el Pleno del Congreso del Estado aprobó Decreto presentado por la Comisión Legislativa Primera de Justicia para quien obstaculice una medida u orden de protección expedida en favor de una víctima.

La reforma aprobada adiciona el Capítulo XII al Título Segundo y el artículo 170 BIS al Código Penal del Estado de San Luis Potosí, con lo cual quedó tipificado el deito en mención.

De acuerdo al Dictamen, por medida de protección y orden de protección se entienden las previstas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los casos de violencia contra las mujeres. 

Con esta reforma se establece el plazo en el que las órdenes de protección deberán notificarse y ejercer plenitud, mismo que propone sea dentro de las 12 horas siguientes a su expedición. Establece que, la violación de una medida de protección por parte del imputado o imputada, debe ser investigado por el Ministerio Público, de conformidad con lo que refiere el Código Penal del Estado.

Adiciona la “violencia cibernética en su modalidad de ciberacoso”, como uno de los tipos de violencia que se presenta en contra de las mujeres; establece como atribución de las autoridades jurisdiccionales competentes, solicitar a los medios de comunicación, erradicar la violencia que se genera a través de dichos medios; y a la policía cibernética erradicar la violencia cibernética, en los casos de que las personas gocen de medidas de protección.