Por Redacción Contra Réplica

Aumentan denuncias por maltrato animal; FGE advierte sanciones de hasta tres años de prisión

La Fiscalía de San Luis Potosí señaló que el incremento en las denuncias refleja una mayor conciencia ciudadana sobre los derechos de los animales.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) advirtió que las personas que maten o maltraten a un animal doméstico o de compañía podrían enfrentar penas de hasta tres años de prisión, conforme a lo establecido en el Código Penal del Estado, además de sanciones económicas y la obligación de reparar el daño.

La titular de la institución, Manuela García Cázares, informó que en los últimos meses se ha registrado un aumento significativo en las denuncias por maltrato animal, lo que atribuyó a una mayor sensibilización social y conocimiento de las consecuencias legales de este tipo de conductas.

“Hoy la ciudadanía está más informada y no tolera los actos de crueldad contra los animales. Cada vez son más las personas que se atreven a denunciar”, señaló la fiscal, quien aseguró que la institución mantiene un compromiso permanente con la investigación y sanción de estos delitos.

De acuerdo con la FGE, la mayoría de los casos se concentran en la zona metropolitana de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, donde las autoridades han recibido reportes que van desde abandono y negligencia hasta agresiones directas que han derivado en la muerte de animales.

García Cázares destacó que los agentes del Ministerio Público cuentan con protocolos especializados para la atención de denuncias por maltrato animal, y trabajan en coordinación con asociaciones civiles y dependencias municipales para fortalecer las acciones de rescate, protección y adopción responsable.

La funcionaria exhortó a la población a reportar cualquier situación de abuso o crueldad animal a través de las vías oficiales de la Fiscalía, recordando que la omisión también contribuye a perpetuar la violencia.

“Los animales son seres sintientes, y su protección es una responsabilidad compartida entre autoridades y sociedad. La ley es clara: quien les cause daño enfrentará las consecuencias”, subrayó García Cázares, reafirmando el compromiso del Estado con la justicia y el bienestar animal.