La organización dedicada a la regularización de vehículos de procedencia extranjera informó que concluyó el decreto federal de legalización que fue autorizado en abril de 2023. Tras dos años y ocho meses de operación, el programa finalizó el pasado 31 de diciembre de 2025, pese a que inicialmente estaba previsto que llegara hasta septiembre de 2026. Su representante explicó que esta determinación respondió a diversas anomalías detectadas durante el proceso, lo que obligó a replantear el modelo de incorporación de unidades usadas.
Según detalló, el Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, trabaja ya en un nuevo decreto aduanero que establecerá condiciones más estrictas para la entrada definitiva de vehículos. Este esquema incluirá el pago de aranceles e IVA, así como nuevos lineamientos que limitarán la legalización a modelos más recientes. Aunque aún no se ha dado a conocer la normativa final, la organización estima que el rango podría iniciar en unidades fabricadas a partir de 2010.
Durante el periodo de vigencia del decreto concluido, la organización calcula que alrededor de 100 mil vehículos fueron regularizados en San Luis Potosí. No obstante, cerca de 30 mil a 40 mil unidades permanecen sin legalizar en la entidad. El padrón de afiliados de la asociación pasó de 28 mil a 18 mil 700 trámites concluidos, lo que refleja tanto el alcance como las limitaciones del programa.
Ante este escenario, la agrupación hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para evitar actos de extorsión contra propietarios de vehículos que no alcanzaron a ser regularizados. Subrayaron que tras el cierre de decretos anteriores, se han registrado intentos de abuso por parte de autoridades, por lo que ya se gestionan reuniones con la Guardia Nacional, Guardia Civil Estatal y corporaciones municipales para pedir respeto y evitar acciones indebidas.
La organización reiteró que continuará brindando asesoría jurídica y acompañamiento a los poseedores de estas unidades. Afirmó que, como asociación pionera en estos procesos, apoyará la transición hacia la nueva normatividad y colaborará con otras agrupaciones para garantizar que los propietarios puedan enfrentar cualquier situación derivada del término del decreto y de la próxima regulación federal.
