El 28 de diciembre, la tranquilidad de Nizanda, Oaxaca, se vio sacudida por un descarrilamiento que terminó con la vida de 14 personas y dejó alrededor de 100 lesionadas. Hoy, familiares de las víctimas buscan que el reclamo trascienda el dolor y se convierta en acción legal: el despacho Vega MacGregor Arellano presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República señalando a tres empresas contratistas por posibles irregularidades en la construcción y rehabilitación de la vía férrea.

Adrián Arellano, abogado de una familia de Ciudad Juárez afectada por el accidente, detalló que entre las víctimas hay jóvenes con fracturas y luxaciones, y acusó a Comsa Infraestructuras, Grupo Constructor Diamante y Daniferrotools de graves omisiones en sus trabajos. Según el litigante, las familias buscan intervenir activamente en la investigación para que no se convierta en un expediente más y se haga justicia real.

La Auditoría Superior de la Federación ha señalado fallas en la supervisión y deficiencias en la calidad de los materiales utilizados, e incluso reporta la ausencia de evidencia fotográfica de los trabajos de rehabilitación, lo que aumenta la sospecha de negligencia. Especialistas coinciden en que los factores del accidente podrían incluir desde defectos en el diseño de la vía hasta exceso de velocidad.

La investigación sigue abierta. La FGR analiza la “caja negra” de la locomotora mientras las familias reclaman transparencia y responsabilidad. Arellano enfatiza que la demanda no tiene tintes políticos, sino que es un reclamo de justicia para que tragedias como la ocurrida en Nizanda no se repitan.