El gobierno de Estados Unidos implementó desde el 1 de enero de 2026 una nueva política migratoria que contempla la suspensión total o parcial de la emisión de visas para ciudadanos provenientes de 39 países, una decisión que, según el Departamento de Estado, tiene como propósito fortalecer la seguridad nacional y mejorar los procesos de control fronterizo.

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida aplica tanto a visas de inmigrante como de no inmigrante, y contempla excepciones únicamente para casos diplomáticos, oficiales o cuando la entrada de una persona sea considerada de interés nacional. Los ciudadanos que ya posean visas vigentes podrán conservarlas, a menos que exista una revocación formal por parte de las autoridades migratorias.

La suspensión total afecta a 19 naciones, entre ellas Afganistán, Siria, Irán, Sudán, Libia, Yemen, Somalia y Haití, cuyos ciudadanos no podrán acceder temporalmente a ningún tipo de visa estadounidense. En tanto, 20 países adicionales —como Cuba, Venezuela, Nigeria, Angola, Senegal, Togo y Tanzania— enfrentan restricciones parciales que limitan el acceso a visas de turismo, estudio, intercambio y residencia permanente.

El Departamento de Estado precisó que esta disposición se basa en la evaluación del nivel de cooperación de cada país en temas de seguridad, identificación de sus ciudadanos y control migratorio. Estados Unidos revisará periódicamente la lista para determinar si algunos países pueden ser reincorporados a los programas regulares de emisión de visas.

La decisión ha generado diversas reacciones en la comunidad internacional y entre organizaciones defensoras de derechos humanos, que advierten que esta medida podría afectar el intercambio cultural, académico y económico. Sin embargo, el gobierno estadounidense sostiene que se trata de una acción preventiva y temporal, enfocada en garantizar la protección de su territorio y en reforzar los estándares de seguridad migratoria frente a los desafíos globales actuales.