El presidente de la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales del Congreso del Estado, diputado Rubén Guajardo Barrera, informó que este órgano legislativo se encuentra al corriente en los asuntos que le fueron turnados y que sus integrantes se mantienen atentos al desarrollo de la reforma electoral federal que actualmente se discute en el país, con el propósito de realizar la homologación correspondiente en la normativa local una vez que se conozcan los cambios definitivos.
El legislador explicó que, por disposición constitucional, la nueva Ley Federal Electoral deberá aprobarse a más tardar 90 días antes del inicio del proceso electoral federal, previsto para la primera semana de septiembre, por lo que se estima que su publicación ocurra a finales de mayo. “Eso nos dejará un margen reducido de tiempo para adecuar la legislación estatal, pero estamos preparados para hacerlo con eficiencia y responsabilidad”, señaló.
Guajardo Barrera destacó que el Congreso local deberá armonizar las disposiciones potosinas con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), respetando el marco federalista que rige al país. Subrayó que la comisión que encabeza dará seguimiento puntual al contenido final de la reforma para asegurar que las modificaciones locales reflejen los principios de legalidad, transparencia y pluralidad democrática.
En cuanto al debate sobre la posible eliminación de las representaciones proporcionales o “plurinominales”, el diputado recordó que este tema ha generado posturas encontradas entre los partidos políticos. “La representación proporcional garantiza la pluralidad en los congresos y permite que las minorías tengan voz, de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos en las urnas”, explicó.
Finalmente, Guajardo Barrera señaló que en el ámbito internacional existen diversos métodos para asignar diputaciones de representación proporcional, como las listas abiertas o los esquemas de “mejor perdedor”, y adelantó que el Congreso potosino analizará con detenimiento las alternativas que puedan fortalecer la democracia local y garantizar la equidad en los procesos electorales de 2027.