El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó una reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de garantizar que las acciones del Estado se rijan por un enfoque integral con perspectiva de infancia y adolescencia. La iniciativa fue presentada por la diputada Roxanna Hernández Ramírez y busca mejorar las condiciones de igualdad y protección para este sector de la población.

La legisladora explicó que, históricamente, la perspectiva de la infancia ha sido relegada tanto en la legislación como en la jurisprudencia, pese a que muchas decisiones administrativas y judiciales tienen un impacto directo en la vida de niñas, niños y adolescentes. Con esta reforma, se pretende corregir esa omisión y colocar el interés superior de la niñez como un principio rector en la actuación de las autoridades.

El dictamen aprobado establece que el diseño, la implementación y la evaluación de políticas y programas gubernamentales deberán incorporar de manera transversal los enfoques de derechos humanos, género, infancia y adolescencia. Esto permitirá que las acciones institucionales consideren de forma integral las necesidades, contextos y derechos de este grupo poblacional.

La reforma también retoma criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ha señalado que escuchar y tomar en cuenta la opinión de las personas menores de edad en los procesos jurisdiccionales que les conciernen constituye un ejercicio de su derecho de acceso a la justicia. De acuerdo con este criterio, la opinión de niñas, niños y adolescentes debe ser considerada como un elemento relevante en las decisiones que adopten los juzgadores.

En este sentido, se establece que las autoridades judiciales y sus auxiliares deberán garantizar mecanismos adecuados para interactuar con las personas menores de edad, de acuerdo con su edad y grado de madurez, a fin de asegurar que puedan expresar libremente su opinión y que esta sea valorada en la resolución de los asuntos que les afectan.

La diputada Roxanna Hernández Ramírez subrayó que el interés superior de la niñez debe prevalecer sobre cualquier otro interés que pueda perjudicar su bienestar. Señaló que este principio debe guiar la labor de las autoridades responsables de la defensa, representación jurídica, asistencia, prevención, protección y participación de niñas, niños y adolescentes, así como la prestación de servicios públicos dirigidos a este sector.

Finalmente, la reforma establece que la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes tiene como finalidad garantizar su desarrollo pleno, permitiéndoles formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad, con una perspectiva de género y de infancia que promueva su bienestar integral.