Con el propósito de asegurar que todas las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad puedan desarrollarse en un entorno familiar, la diputada Mireya Vancini Villanueva presentó una iniciativa para reformar el artículo 12 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, a fin de reconocer expresamente el derecho a vivir en una familia y, en caso de no contar con una, facilitar su incorporación a través de la adopción.
La legisladora explicó que, aunque el interés superior de la niñez está contemplado en distintos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, en la práctica miles de menores continúan sin acceso a una familia que garantice su bienestar, protección y desarrollo integral. “El Estado tiene la obligación de ofrecer alternativas de cuidado, y la adopción representa una vía efectiva para que los menores puedan crecer en un ambiente lleno de afecto y oportunidades”, señaló.
De acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), entre 2014 y 2024 el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) recibió 754 solicitudes de adopción, de las cuales solo 147 se concretaron, lo que equivale a apenas el 19.5% del total. A nivel nacional, hasta junio de 2025, se contabilizaban 2 mil 268 adopciones concluidas, una cifra baja frente a la cantidad de niñas y niños que permanecen bajo resguardo institucional.
La iniciativa busca no solo fortalecer el marco jurídico estatal, sino también sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de brindar hogares seguros y amorosos a menores que carecen de un núcleo familiar. Además, propone agilizar los procesos de adopción mediante mecanismos transparentes y con perspectiva de derechos humanos.
Actualmente, la propuesta se encuentra en análisis dentro de la Comisión de Puntos Constitucionales, donde se prevé que sea discutida en próximos periodos legislativos.
Con esta medida, San Luis Potosí podría avanzar hacia un modelo más humano e inclusivo de protección a la infancia, reafirmando el compromiso del Estado con el derecho de todos los menores a crecer en una familia que les brinde amor, seguridad y oportunidades de desarrollo.