Por Redacción Contra Réplica

Proponen elevar a rango constitucional la captación y reutilización de aguas pluviales en San Luis Potosí

La iniciativa presentada por el diputado José Roberto García busca fortalecer la sostenibilidad hídrica y garantizar el acceso al agua mediante sistemas eficientes y sustentables.

Con el propósito de impulsar el aprovechamiento responsable del recurso hídrico y combatir la escasez de agua en el estado, el diputado José Roberto García Castillo presentó una iniciativa que plantea reformas a la Constitución Política del Estado y a la Ley Ambiental de San Luis Potosí, orientadas a fomentar la captación, almacenamiento y reutilización de aguas pluviales en zonas urbanas y rurales.

La propuesta busca que tanto el Gobierno Estatal como los municipios implementen sistemas de captación de lluvia, priorizando las comunidades con mayores índices de marginación, así como edificios públicos y centros educativos. De esta forma, se pretende reducir la dependencia de fuentes tradicionales y promover un modelo de sostenibilidad ambiental con impacto social y económico.

García Castillo explicó que la iniciativa se sustenta en la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento. Por ello, elevar esta obligación a nivel constitucional fortalecería los compromisos internacionales de México y permitiría mejorar el acceso al agua en sectores vulnerables, al tiempo que se combate la crisis hídrica que afecta a diversas regiones del país.

En una segunda parte, la iniciativa propone modificar la Ley Ambiental del Estado para asignar a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) la responsabilidad de diseñar y coordinar programas de captación de aguas pluviales, en conjunto con la Comisión Estatal del Agua (CEA) y los Ayuntamientos.

El documento plantea que, como primera etapa, los sistemas se instalen en edificios públicos, escuelas, parques y centros comunitarios, para posteriormente ampliarse a unidades habitacionales y zonas productivas, impulsando un uso más eficiente del agua en actividades domésticas, agrícolas e industriales.

La iniciativa ya fue turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Hacienda del Estado, donde será analizada para su posible dictamen. De aprobarse, representaría un paso decisivo hacia un modelo estatal de gestión hídrica sustentable, comprometido con la protección ambiental y el bienestar de las futuras generaciones.