Las autoridades federales informaron sobre el aseguramiento de 954 mil 380 cajetillas de cigarros de contrabando, equivalentes a casi 20 toneladas de tabaco ilegal, que ingresaron a México en seis cargamentos provenientes de Narita, Japón, entre el 22 de diciembre de 2025 y el 3 de enero de 2026.
El operativo fue encabezado por la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas, y contó con el intercambio de información con autoridades japonesas, lo que permitió identificar y detener los envíos antes de su distribución en territorio nacional.
De acuerdo con los reportes oficiales, el valor comercial del tabaco incautado asciende a más de 70 millones de pesos, mientras que la evasión fiscal potencial por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) supera los 16 mil 224 millones de pesos. La Semar destacó que el decomiso forma parte de una estrategia integral para combatir el tráfico ilegal de mercancías y debilitar las redes del crimen organizado vinculadas con el contrabando.
Las investigaciones preliminares apuntan a que los cargamentos pretendían ser introducidos al mercado mexicano sin cumplir con las regulaciones sanitarias ni fiscales correspondientes. Se presume que la mercancía estaba destinada a su distribución en distintos puntos del país a través de canales informales.
Autoridades subrayaron que el contrabando de cigarros representa una amenaza creciente para la economía nacional, ya que fomenta la competencia desleal, afecta la recaudación fiscal y fortalece estructuras criminales. Además, advirtieron que este tipo de productos suelen incumplir con los estándares de calidad y seguridad establecidos, representando también riesgos para la salud pública.
El gobierno federal reiteró su compromiso de reforzar los controles aduaneros y mantener la cooperación internacional para prevenir el ingreso de mercancías ilícitas. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a evitar el consumo de cigarros de procedencia desconocida y a denunciar su venta, como parte de una política de protección económica y sanitaria a nivel nacional.