Para su análisis a las comisiones de Régimen Interno y Asuntos Electorales, así como la de Hacienda del Estado, fue turnada un iniciativa de la diputada Jaquelinn Jáuregui Mendoza para garantizar que las personas en etapa terminal puedan contar con asesoría gratuita en materia testamentaria por parte de una persona titular o adscrita a notaría pública, para disponer legalmente de su patrimonio.

En su exposición de motivos la legisladora señala que la Ley Estatal de Derechos de Personas en Fase Terminal es un gran avance en el tema, pero en el proceso de acompañamiento integral hacia el final de la vida, existen aún vacíos normativos que impiden garantizar plenamente la seguridad jurídica y patrimonial de las personas en fase terminal. 

Indica que en muchos casos, la incertidumbre sobre la disposición de los bienes, la falta de información sobre los trámites testamentarios o la imposibilidad económica de acceder a ellos, genera una carga emocional y material tanto para el paciente como para sus familiares. 

“En ese sentido, el derecho a una muerte digna debe ir acompañado del derecho a una vida jurídicamente concluida con certeza, permitiendo que la persona pueda decidir libremente sobre el destino de su patrimonio sin impedimentos económicos o técnicos”, establece. 

Propone incorporar dentro del catálogo de derechos de las personas en fase terminal, la posibilidad de recibir asesoría gratuita en materia testamentaria por parte de una persona titular o adscrita a notaría pública, así como que el trámite testamentario sea gratuito para la persona en fase terminal. 

La intención no es sólo eliminar barreras económicas, sino garantizar la igualdad de acceso a la justicia y a la seguridad jurídica en los momentos finales de la vida. Con ello, se fortalecería la protección del derecho humano a la dignidad, en su dimensión patrimonial y familiar, bajo un enfoque de empatía y responsabilidad social.

Para asegurar la viabilidad administrativa de esta disposición, se contempla que su aplicación se encuentre sujeta a la suficiencia presupuestaria del Poder Ejecutivo, y que pueda instrumentarse mediante convenios de colaboración con el Colegio de Notarios del Estado u otras instancias especializadas.