Con el propósito de fortalecer la protección de los derechos de las personas en fase terminal, la diputada Jacquelinn Jauregui Mendoza presentó una iniciativa para reformar la Ley Estatal de Derechos de Personas en Fase Terminal, con la finalidad de establecer apoyos que permitan a este sector recibir asesoría gratuita en materia testamentaria y disponer legalmente de su patrimonio.

La legisladora explicó que, si bien la ley vigente representa un avance significativo en el reconocimiento de los derechos de quienes atraviesan la etapa final de la vida, aún existen vacíos normativos que limitan un acompañamiento integral, particularmente en lo relacionado con la seguridad jurídica y patrimonial. Estas lagunas, dijo, generan incertidumbre tanto en las personas pacientes como en sus familias.

En su exposición de motivos, Jauregui Mendoza señaló que la falta de información sobre trámites testamentarios, así como las barreras económicas para acceder a servicios notariales, representan una carga emocional y material adicional para quienes enfrentan una enfermedad terminal. Esta situación, apuntó, puede afectar la tranquilidad de las personas en sus últimos momentos y complicar la situación legal de sus seres queridos.

“El derecho a una muerte digna debe ir acompañado del derecho a una vida jurídicamente concluida con certeza, permitiendo que cada persona decida libremente sobre el destino de su patrimonio, sin impedimentos económicos o técnicos”, subrayó la diputada.

La iniciativa plantea incorporar al catálogo de derechos de las personas en fase terminal la posibilidad de recibir asesoría gratuita en materia testamentaria por parte de una persona titular o adscrita a una notaría pública, así como la gratuidad del trámite testamentario para este sector. Con ello, se busca garantizar igualdad de acceso a la justicia y fortalecer la seguridad jurídica en un momento especialmente sensible.

La propuesta no solo pretende eliminar obstáculos económicos, sino también reforzar la protección del derecho humano a la dignidad, en su dimensión patrimonial y familiar, bajo un enfoque de empatía, responsabilidad social y acompañamiento integral.

Para asegurar la viabilidad administrativa de la medida, se establece que su aplicación estará sujeta a la suficiencia presupuestaria del Poder Ejecutivo y que podrá instrumentarse mediante convenios de colaboración con el Colegio de Notarios del Estado u otras instancias especializadas.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Régimen Interno y Asuntos Electorales, así como a la de Hacienda del Estado, para su análisis y dictaminación correspondiente.