Las autoridades de Costa Rica confirmaron la apertura de una investigación tras recibir información sobre un supuesto plan para atentar contra la vida del presidente Rodrigo Chaves. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía por la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, luego de que una fuente confidencial advirtiera sobre la posible contratación de un sicario para ejecutar el ataque.

El señalamiento surgió a pocos días de las elecciones nacionales, lo que ha incrementado la preocupación en el ámbito político y social. Aunque no se han revelado nombres ni detalles sobre los posibles responsables, la sola existencia de la alerta obligó a activar protocolos de seguridad y a reforzar la protección del mandatario en actividades públicas y oficiales.

Desde el gobierno se ha insistido en que la denuncia no busca generar alarma, sino cumplir con la obligación institucional de canalizar cualquier información de riesgo a las autoridades judiciales. Al mismo tiempo, se subrayó que el proceso electoral debe continuar con normalidad y bajo el resguardo del Estado de derecho.

El caso ha reavivado el debate sobre seguridad y violencia en un país que históricamente ha presumido estabilidad democrática. Para la ciudadanía, la investigación representa una prueba para las instituciones y un recordatorio de que incluso los siste