Desde este enero comenzó a aplicarse en México la prohibición absoluta para producir, comercializar, importar y distribuir vapeadores y cigarrillos electrónicos, una medida que marca un giro definitivo en la política de control sanitario sobre estos dispositivos. La disposición alcanza tanto a productos con nicotina como a aquellos que se promocionan como alternativas “libres de humo”.

La reforma no criminaliza el consumo individual, pero sí cierra por completo el circuito comercial. Con ello, las autoridades buscan frenar la expansión de un mercado que creció con rapidez, especialmente entre adolescentes y jóvenes, y que se instaló en la cotidianidad sin una regulación clara durante años.

El nuevo marco legal contempla sanciones severas para quienes incumplan la prohibición, que van desde multas económicas elevadas hasta penas de prisión, además del decomiso de mercancía y la clausura de establecimientos. El mensaje es contundente: los vapeadores dejan de ser un producto tolerado y pasan a un terreno estrictamente prohibido.

Aunque el gobierno sostiene que la medida responde a una prioridad de salud pública, especialistas advierten que el reto estará en la aplicación efectiva de la norma. La desaparición del mercado legal abre el debate sobre el posible crecimiento de la venta clandestina y la capacidad del Estado para contenerla sin perder de vista el objetivo central: reducir riesgos y proteger a las nuevas generaciones.