Con el objetivo de garantizar que las personas trabajadoras del Estado puedan organizarse y elegir a sus dirigencias sindicales de manera libre, democrática y sin presiones externas, fue presentada una iniciativa de armonización legislativa que propone modificaciones a la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas y a la Ley de Responsabilidades Administrativas de San Luis Potosí.

La propuesta fue impulsada por el diputado Crisógono Pérez López, en conjunto con el profesor Juan Carlos Bárcenas Ramírez y la profesora Elizabeth Bibiana Guerrero Milán, secretarios generales de las Secciones 26 y 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), así como integrantes de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos. La iniciativa busca alinearse con las reformas federales en materia laboral y sindical, fortaleciendo el marco jurídico que protege los derechos de las y los trabajadores.

El legislador explicó que la intención principal es distinguir de manera clara entre las normas de carácter garantista en materia laboral y el régimen sancionador administrativo, respetando principios como la legalidad, tipicidad, proporcionalidad y certeza jurídica. Con ello, se pretende reforzar la neutralidad institucional y prevenir prácticas indebidas que vulneren la libertad sindical.

Pérez López señaló que la reforma busca evitar cualquier tipo de intervención en los procesos de renovación de las dirigencias sindicales, para que sean exclusivamente las personas trabajadoras quienes, en ejercicio pleno de sus derechos, decidan a sus representantes. Destacó que esta iniciativa permitirá que las planillas presenten sus propuestas en un entorno de respeto, sin intromisiones de funcionarios públicos ni actos de coerción durante las elecciones.

Por su parte, el profesor Juan Carlos Bárcenas Ramírez, dirigente de la Sección 26 del SNTE, subrayó que las modificaciones legales ayudarán a impedir la intervención directa o indirecta en los procesos electorales sindicales, así como el condicionamiento de derechos laborales o actos de parcialidad institucional que afecten la equidad y la libertad del voto.

La propuesta establece que los sindicatos deberán contar con protección adecuada frente a cualquier acto de injerencia por parte de personas servidoras públicas en su constitución, funcionamiento y administración, incluyendo la elección, reelección o destitución de sus directivas. Entre las conductas que se buscan sancionar se encuentran la coacción, inducción o amenaza a trabajadores para influir en su voto, así como el condicionamiento de apoyos, permisos o servicios institucionales.

Finalmente, la iniciativa fue turnada a la Oficialía de Partes para iniciar el trámite legislativo correspondiente.