Con el objetivo de garantizar certeza jurídica y fortalecer el derecho a la igualdad, la diputada Brisseire Sánchez López presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Registro Civil del Estado de San Luis Potosí, enfocada en regular de manera clara el procedimiento para que los padres decidan, de común acuerdo, el orden de los apellidos en el acta de nacimiento de sus hijas e hijos.
La legisladora recordó que recientemente se realizaron modificaciones a los artículos 65 y 67 de dicha ley, mediante las cuales se estableció que deberá respetarse el orden de los apellidos que acuerden ambos progenitores. No obstante, señaló que en la práctica este derecho suele pasar desapercibido, debido a que la norma no precisa el mecanismo para su aplicación ni obliga a las autoridades a visibilizar esta posibilidad al momento del registro.
En este contexto, la iniciativa busca que la o el oficial del Registro Civil tenga plena certeza del acuerdo entre los progenitores, estableciendo la obligación de preguntar de manera expresa el orden en que desean que aparezcan los apellidos en el acta de nacimiento. Con ello, se pretende evitar interpretaciones automáticas o prácticas tradicionales que continúan privilegiando el apellido paterno sin un consentimiento explícito.
Sánchez López subrayó que históricamente se ha dado prioridad al apellido del padre, una práctica arraigada en factores culturales y sociales que, si bien normalizada durante décadas, resulta contraria a los principios de igualdad y no discriminación. Esta costumbre, explicó, invisibiliza el papel de las mujeres y limita el ejercicio pleno de sus derechos dentro del ámbito familiar.
La propuesta también tiene como finalidad reforzar el derecho de las familias a decidir sobre asuntos que únicamente les competen a ellas, sin imposiciones externas, al tiempo que reconoce el rol fundamental que desempeñan las mujeres en la conformación y cuidado del núcleo familiar.
Adicionalmente, la iniciativa contempla la actualización del lenguaje legal mediante la eliminación del término “el jefe de familia” en el artículo 63, para sustituirlo por “persona encargada de la familia”, una expresión incluyente que reconoce la diversidad de estructuras familiares y evita distinciones basadas en estereotipos de género.
La iniciativa de reforma fue turnada a la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado para su análisis, discusión y, en su caso, dictaminación, como parte del proceso legislativo correspondiente.
