La atención jurídica en los Centros de Reinserción Social (Cereso) de San Luis Potosí registra avances significativos gracias al fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre dependencias estatales y federales, con el objetivo de garantizar una asesoría legal más cercana, oportuna y eficaz para las personas privadas de la libertad.
Como parte de este esfuerzo, la Defensoría Pública del Estado encabezó una reunión de trabajo con representantes de distintas instancias, en la que se acordaron acciones conjuntas orientadas a mejorar la atención legal dentro de los centros penitenciarios. Estas medidas forman parte del proceso de transformación que se impulsa en el sistema de justicia de la entidad, enfocado en la reinserción social y el respeto a los derechos humanos.
Las autoridades destacaron que este trabajo coordinado responde a la visión institucional promovida por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, que busca fortalecer el acompañamiento jurídico durante los procesos penales y de ejecución de sanciones, garantizando que las personas internas cuenten con información clara y asesoría adecuada sobre su situación legal.
Entre los principales acuerdos alcanzados, se planteó la realización de jornadas de visitas extraordinarias en los Centros de Reinserción Social del Estado. Estas jornadas permitirán atender de manera directa las dudas, solicitudes y trámites legales de las personas privadas de la libertad, agilizando procesos y evitando retrasos que puedan afectar su situación jurídica.
Asimismo, se destacó la importancia de consolidar canales de comunicación permanentes entre las instancias involucradas, con el fin de dar seguimiento puntual a los casos y ofrecer soluciones integrales. Esta coordinación busca reducir la carga administrativa, mejorar los tiempos de respuesta y fortalecer la confianza de las personas internas en las instituciones de justicia.
Autoridades participantes coincidieron en que una atención jurídica eficiente es un elemento clave para lograr una reinserción social efectiva, ya que permite que las personas privadas de la libertad conozcan y ejerzan plenamente sus derechos, además de facilitar su preparación para la reincorporación a la vida en sociedad.
Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de construir un sistema penitenciario más humano, justo y funcional, en el que la coordinación institucional sea una herramienta fundamental para garantizar el acceso a la justicia y contribuir a la reinserción social de quienes se encuentran en proceso de cumplir una sanción.
