El conflicto fiscal entre el Estado mexicano y uno de los grupos empresariales más influyentes del país entró en una nueva fase. El Servicio de Administración Tributaria confirmó que Grupo Salinas ya realizó un primer pago por 10 mil 400 millones de pesos como parte de un adeudo total de 32 mil 132.9 millones, monto que será cubierto mediante 18 pagos subsecuentes.

La cifra representa una reducción considerable frente a los más de 51 mil millones de pesos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó como obligación fiscal en noviembre de 2025. De acuerdo con el SAT, el ajuste —equivalente a un 37.2 por ciento— responde a estímulos y beneficios previstos en la legislación fiscal, aplicables a cualquier contribuyente bajo ciertos supuestos legales.

Desde el sector empresarial, Grupo Salinas dio por concluido un episodio que se prolongó por más de dos décadas en tribunales. El corporativo sostuvo que, con este acuerdo, queda saldada su deuda con el gobierno federal y que el proceso pone fin a una etapa marcada por controversias legales y acusaciones de presión política.

En el plano político, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que existieron intentos de negociación de última hora para reducir el monto, aunque finalmente se concretó el primer abono. El caso deja abierta la discusión sobre el alcance real de la deuda total del grupo —que en distintos momentos superó los 70 mil millones de pesos— y vuelve a colocar en el debate público la relación entre grandes corporaciones, el fisco y la justicia tributaria en México.