Por Redacción Contra Réplica

Senado destina más de 3 millones de pesos a serie sobre violencia vicaria

La Cámara Alta contrató a una empresa externa para realizar tres temporadas del proyecto “Vivas, Libres y Sin Miedo”, lo que ha generado críticas por el uso de recursos públicos.

El Senado de la República asignó un presupuesto total de 3 millones 354 mil pesos entre 2023 y 2025 para producir una serie sobre violencia vicaria contra las mujeres, a través de contratos con una empresa privada, a pesar de contar con el Canal del Congreso, medio oficial con infraestructura suficiente para realizar este tipo de proyectos internos.

De acuerdo con información pública, la empresa Imaginación y Mass S. de R.L. de C.V., con sede en Ecatepec, Estado de México, fue la beneficiaria de tres contratos adjudicados de manera directa. Cada convenio tuvo un costo de un millón 118 mil pesos y fue firmado de forma consecutiva durante tres años, con distintos equipos de producción y dirección.

En 2023 se realizó la primera entrega de la serie, titulada “Vivas, Libres y Sin Miedo”, producida entre febrero y julio. La segunda temporada, estrenada en 2024, contó con 22 episodios dirigidos por Eduardo Fernández Sánchez, y fue transmitida de julio a noviembre. Un año después, en 2025, la producción quedó a cargo de Janitzio Carranza Torres y Jesús Sánchez Maldonado, con emisiones entre julio y octubre.

Aunque los capítulos más recientes están disponibles en YouTube, los episodios correspondientes a la primera temporada no se encuentran accesibles en línea, lo que ha generado dudas sobre su difusión y alcance real.

El gasto ha sido objeto de observaciones y críticas, ya que el Senado dispone de un canal de televisión y un equipo técnico propio con capacidad para realizar contenidos audiovisuales sin recurrir a proveedores externos. Analistas en transparencia y eficiencia presupuestal cuestionan la pertinencia de invertir recursos adicionales en contrataciones externas cuando existen medios institucionales con ese propósito.

Este caso reabre el debate sobre el uso de fondos públicos en proyectos de comunicación social y la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión interna del Poder Legislativo.