La relación entre las plataformas digitales y los Estados volvió a tensarse en Europa. Esta semana, autoridades judiciales de Francia allanaron las oficinas de X en territorio francés y citaron a declarar a su propietario, Elon Musk, como parte de una investigación que examina el funcionamiento interno de la red social y su impacto en el espacio público digital.

El proceso judicial, abierto desde inicios de 2025, surgió tras denuncias de legisladores que alertaron sobre posibles sesgos en los algoritmos de la plataforma. Con el avance de las indagatorias, el expediente creció e incorporó sospechas más graves, entre ellas la presunta complicidad en la difusión de pornografía infantil y la circulación de contenidos negacionistas y material sexual falso vinculado al uso de Grok, el asistente de inteligencia artificial de X.

De acuerdo con la fiscalía de París, Musk y Linda Yaccarino, exdirectora general de la empresa, fueron convocados a comparecer de manera voluntaria el 20 de abril de 2026. El objetivo, subrayaron las autoridades, es escuchar su versión de los hechos y conocer qué medidas adoptará la compañía para ajustarse a la legislación francesa y europea en materia de contenidos digitales.

Además del citatorio a sus directivos, la investigación incluyó el allanamiento de las oficinas de X y la comparecencia de empleados como testigos en los próximos días. Para la justicia francesa, el caso va más allá de una empresa tecnológica: se trata de definir hasta dónde llega la responsabilidad de las plataformas en la protección de la democracia, la seguridad de los usuarios y el respeto a leyes que sancionan delitos como la negación de crímenes contra la humanidad.