El cierre de febrero marca una fecha límite clave para la transparencia en San Luis Potosí. A más tardar el último día del mes, los entes obligados deberán presentar su Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025 ante el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización, advirtió el titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Joaquín Lecourtois López.

El funcionario fue enfático al señalar que no se trata de un trámite menor. La Cuenta Pública concentra información contable, presupuestaria, programática y complementaria que permite evaluar el uso de los recursos públicos. Omitir su entrega, recalcó, configura el delito de ejercicio ilícito de las funciones públicas para quienes tienen esta responsabilidad legal.

De acuerdo con el Código Penal del Estado, el incumplimiento puede derivar en sanciones severas: hasta siete años de prisión, destitución del cargo, inhabilitación para ocupar otro puesto público por un periodo equivalente al doble de la pena impuesta, además de multas que pueden alcanzar hasta 700 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. “El funcionario omiso se arriesga a interrumpir o incluso perder su carrera en el servicio público”, advirtió Lecourtois.

El IFSE también alertó que será sancionada la negativa a proporcionar información, así como cualquier acto de simulación que busque obstaculizar la labor fiscalizadora. En este escenario, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos autónomos, municipios, entidades paraestatales y paramunicipales, así como cualquier otro ente contemplado en la ley, ya se encuentran en la fase final para cumplir con una obligación que define la rendición de cuentas del Estado.