Las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado y del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) sostienen una reunión en la Sala de Pleno del Organismo Público Local Electoral OPLE potosino, donde el principal tema a abordar esla realización de las consultas ciudadanas.
Previo al cónclave, el presidente de la Jucopo, diputado Héctor Serrano Cortés explicó que se trata de una reunión de trabajo de seguimiento a varios temas, pero específicamente el de las consultas mandatadas por autoridades jurisdiccionales, como el de las elecciones en municipios indígenas en donde algunos líderes pretenden que elegir a sus autoridades por usos y costumbres y no por proceso electoral.
Serrano Cortés explicó que pretenden lograr un acuerdo con el CEEPAC para que de manera total tome la opinión ciudadana en un paquete de consultas que estimaron su costo hasta 10 millones de pesos si las realizaba el Congreso, pero que si logran el convenio con el órgano electoral local ese costo de abatiría hasta en un 75 por ciento.
En la reunión están presentes por parte del Congreso, además del presidente de la Jucopo que también es coordinador de la bancada del PVEM, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, José Roberto García Castillo; el del PAN, Rubén Guajardo Barrera; del PT, Leticia Vázquez Hernández; del PRI, Sara Rocha Medina; así como los diputados Marco Antonio Gama Basarte y Crisógono Pérez López, representantes parlamentarios de Movimiento Ciudadano y de Nueva Alianza, respectivamente; así como los coordinadores de Servicios Parlamentarios y Jurídico.
Por parte del CEEPAC, su presidenta Paloma Blanco López; el secretario Ejecutivo, Mauro Eugenio Blanco Martínez, así como las y los consejeros electorales. Actualmente revisan si el marco legal vigente permite al Ceepac realizar consultas obligatorias de alguno de los poderes del estado.
Inician reunión de trabajo la Jucopo y el Ceepac con el tema de consultas ciudadana
Buscan acuerdo para realizar consultas mandatadas por autoridades jurisdiccionales y reducir hasta 75% su costo mediante un convenio con el órgano electoral.
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