En razón de que los incrementos a la tarifa del transporte público en los dos últimos años sobrepasa el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) como lo establece la ley, los ciudadanos Alma Verónica Melo Martínez y Miguel Ángel Martínez González presentaron ante el Congreso del Estado una iniciativa que busca reformar y adicionar los artículos 90 y 94 de la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí para fijar topes claros y no discrecionales, dejar de afectar la economía familiar y evitar conflictos entre autoridades con los concesionarios.

De acuerdo con el documento entregado en la Oficialía de Partes y ante todos los Grupos y Representaciones Parlamentarias del Congreso del Estado, plantea adicionar al Artículo 90 de la Ley en comento que: "En ningún caso la determinación o actualización de las tarifas podrá autorizar incrementos que excedan los límites establecidos en la presente Ley en términos del artículo 94, ni apartarse de los criterios y topes expresamente previstos para su actualización".

Mientras que la reforma en el Artículo 94 plantea que: "El porcentaje que resulte de la variación anual del INPC constituirá el tope máximo legal para el incremento de las tarifas del transporte público, por lo que no podrán autorizarse aumentos superiores a dicho porcentaje".

Así mismo que "Cuando del cálculo del incremento resulten tarifas cuyo importe comprenda fracciones de la unidad monetaria que no sean múltiplos de diez centavos, el ajuste deberá realizarse sin exceder en ningún caso el porcentaje máximo autorizado, aplicándose al múltiplo de diez centavos inmediato inferior. Una vez calculada la actualización correspondiente, la Secretaría (De Comunicaciones y Transportes) remitirá las tarifas para su publicación en el Periódico Oficial del Estado. La nueva tarifa podrá ser aplicada después del quince de enero de cada año".

Alma Verónica Melo Martínez y Miguel Ángel Martínez González también presentaron una propuesta de Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución para que el Congreso del Estado inste a la SCT estatal a que le informe la antigüedad de las unidades del transporte público concesionadas en el estado, así como los horarios de operación y frecuencias autorizadas de cada ruta, para que el Poder Legislativo tenga los elementos para evaluar la pertinencia de renovación del parque vehicular y la posible ampliación de horarios y cobertura del servicio de transporte público, en garantía del derecho humano a la movilidad.