Ghislaine Maxwell volvió a colocar el caso Epstein en el centro del debate político en Estados Unidos al negarse a responder preguntas de un comité del Congreso. Condenada a 20 años de prisión por tráfico sexual, la exsocialité británica invocó su derecho constitucional a no autoincriminarse, frustrando los intentos legislativos por profundizar en las redes de poder que rodearon al fallecido financiero.

La negativa no llegó sola. A través de sus abogados, Maxwell hizo saber que estaría dispuesta a testificar únicamente si antes recibe un indulto presidencial por parte de Donald Trump. La condición fue rechazada por legisladores, quienes se negaron a otorgar inmunidad legal y calificaron la postura como un obstáculo para esclarecer posibles complicidades aún no investigadas.

El comité buscaba respuestas sobre cómo operó durante años la red de abusos y si existieron encubrimientos o facilitadores que nunca enfrentaron la justicia. La ausencia de declaraciones dejó sin avances una investigación que sigue generando presión pública, especialmente por los vínculos de Epstein con figuras influyentes del ámbito político, económico y social.

El episodio evidencia la tensión entre los límites legales de una condenada y la exigencia social de verdad y rendición de cuentas. Mientras el Congreso continúa revisando documentos y llamando a otros testigos, la estrategia de Maxwell introduce un componente político que amenaza con enturbiar aún más uno de los escándalos más sensibles de las últimas décadas.