El diputado Carlos Arreola Mallol presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado con el objetivo de fortalecer y garantizar el derecho de la población a un medio ambiente sano, mediante la prohibición de prácticas extractivas que generen afectaciones irreparables a la naturaleza.

La propuesta surge ante la preocupación por técnicas como el fracturamiento hidráulico, conocido como “fracking”, utilizado para la extracción de hidrocarburos no convencionales. Este método implica la inyección a alta presión de millones de litros de agua mezclada con arena y sustancias químicas en el subsuelo, lo que, de acuerdo con diversos estudios científicos y advertencias de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), puede ocasionar impactos ambientales significativos.

Entre los riesgos señalados se encuentran la posible contaminación de acuíferos por filtraciones de fluidos, la disminución de la disponibilidad de agua en zonas con estrés hídrico, así como afectaciones a la calidad del aire y contaminación sonora. También se ha documentado la migración de gases y compuestos químicos hacia la superficie, con potenciales efectos en la salud humana, además del incremento en la actividad sísmica en regiones donde se aplica esta técnica.

La iniciativa plantea incorporar en el artículo 15 de la Constitución local una disposición que prohíba expresamente todas aquellas prácticas extractivas de recursos naturales que dañen de manera irreversible el equilibrio ecológico en San Luis Potosí.

El legislador aclaró que, si bien la regulación en materia de hidrocarburos corresponde al ámbito federal, la propuesta no invade competencias de la Federación ni de las autoridades ambientales como SEMARNAT. En cambio, busca establecer un marco constitucional estatal que priorice la protección ambiental como un derecho fundamental.

Arreola Mallol destacó que la finalidad es proteger los recursos naturales para las actuales y futuras generaciones de potosinas y potosinos. La iniciativa fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Ecología y Medio Ambiente para su análisis y dictamen.