Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobaron por unanimidad la reforma a la Constitución Política del Estado, que permitirá a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Civil Estatal y las policías municipales coadyuvar con el Ministerio Público en tareas de investigación de delitos.

El diputado Carlos Arreola Mallol, integrante de las comisiones dictaminadoras, explicó que esta modificación responde a la necesidad de armonizar la legislación local con la reforma federal al artículo 21 constitucional, aprobada el año pasado, que establece la colaboración de las corporaciones preventivas bajo la conducción y mando del Ministerio Público.

La iniciativa fue presentada por la diputada Leticia Vázquez Hernández y el diputado Rubén Guajardo Barrera, quienes coincidieron en que esta medida permitirá aprovechar de manera más eficiente las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad, garantizando una mejor respuesta ante los hechos delictivos.

“El propósito es que tanto la Policía Estatal, a través de la Guardia Civil, como las corporaciones municipales, puedan participar activamente en los procesos de investigación, sin sustituir las funciones del Ministerio Público, sino trabajando de forma coordinada y progresiva”, indicó Arreola Mallol.

De acuerdo con el dictamen, las nuevas atribuciones entrarán en vigor de manera escalonada: la Guardia Civil Estatal y la Secretaría de Seguridad asumirán estas facultades a partir del 1 de enero de 2027, mientras que las policías municipales lo harán desde el 1 de enero de 2028.

El decreto establece que las autoridades estatales y municipales deberán realizar las adecuaciones normativas necesarias dentro de los 180 días posteriores a la publicación de la reforma en el Periódico Oficial del Estado.

Con esta modificación, se busca fortalecer la coordinación interinstitucional, optimizar los recursos disponibles y consolidar un modelo de seguridad pública más eficiente, que refuerce la capacidad de investigación y la procuración de justicia en beneficio de la población potosina.