Cuando el empleo se pierde, las obligaciones no desaparecen. Bajo esa premisa, la senadora Ruth González Silva presentó en el Senado una iniciativa que busca abrir una vía legal extraordinaria para garantizar el pago de pensión alimenticia a niñas, niños y adolescentes, incluso cuando la persona obligada se encuentre desempleada y sin otras fuentes de ingreso.

La propuesta parte de un dilema sensible: la ley protege los recursos destinados al retiro para asegurar una vejez digna, pero esa misma protección puede convertirse en un obstáculo cuando no existen ingresos disponibles para cubrir la manutención de menores. El planteamiento retoma criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, en circunstancias excepcionales y bajo supervisión judicial, permiten el uso proporcional de fondos de retiro si es la única alternativa para salvaguardar el derecho alimentario.

El proyecto establece candados específicos. Solo podría aplicarse tras comprobar ante un juez que no hay otros bienes o ingresos disponibles; se priorizaría el uso de aportaciones voluntarias y, de ser necesario, se permitiría disponer de una parte del ahorro para el retiro dentro de los límites legales previstos para casos de desempleo. Además, los recursos se entregarían de forma periódica para asegurar estabilidad a los menores beneficiarios.

Más allá del debate técnico, la iniciativa abre una discusión social de fondo: cómo equilibrar la protección del ahorro laboral con el interés superior de la niñez. La legisladora sostiene que se trata de construir un mecanismo solidario y con reglas claras que brinde certeza jurídica tanto a familias como a administradoras de fondos e instituciones de seguridad social, sin desdibujar el derecho a la seguridad social de quienes atraviesan una crisis laboral.