Afganistán enfrenta un retroceso en derechos fundamentales con la promulgación de un nuevo código penal por parte del gobierno talibán. Firmado por el líder supremo Hibatullah Akhundzada, el ordenamiento ha generado condenas de organizaciones de derechos humanos, que alertan sobre la normalización de la violencia doméstica y la limitación de la protección legal para las mujeres.

Entre las disposiciones más controvertidas se incluyen sanciones diferenciadas según el estatus social y la posibilidad de aplicar castigos físicos dentro del ámbito familiar, los cuales solo serían sancionados en casos considerados graves. Expertos advierten que estas reglas dificultan que las víctimas denuncien abusos y accedan a mecanismos de justicia efectivos, dejando a muchas mujeres desprotegidas frente a agresiones.

El código amplía las facultades de las autoridades religiosas para aplicar castigos corporales y reduce el papel de las instancias civiles en la impartición de justicia penal. Este cambio fortalece un sistema que, según defensores internacionales, institucionaliza la discriminación de género y consolida barreras legales que limitan la autonomía femenina.

Organizaciones de derechos humanos señalan que la nueva normativa afectará la vida cotidiana de las mujeres afganas, profundizando restricciones en su movilidad, participación social y laboral, y debilitando la respuesta estatal frente a la violencia intrafamiliar. En un país donde la seguridad y los derechos de las mujeres ya estaban en constante riesgo, el código plantea un escenario aún más restrictivo y peligroso.