La historia de Juan Nicolás, un bebé de apenas dos meses, ha sacudido a la opinión pública en Estados Unidos y México. El pequeño permaneció tres semanas bajo custodia federal en el centro de procesamiento migratorio de Dilley, en San Antonio, Texas, casi la mitad de su corta vida, antes de ser deportado junto a su familia, pese a presentar problemas respiratorios que requirieron hospitalización.

Según denunció el congresista demócrata Joaquin Castro, Juan Nicolás fue arrestado con su madre, Mireya López Sánchez, y trasladado con su padre y su hermana de 16 meses al centro de detención. Durante su estancia, el bebé sufrió bronquitis y fue hospitalizado, regresando al centro aún inconsciente. Al día siguiente, la madre compareció ante un juez de inmigración y recibió la orden de deportación que se materializó el 17 de febrero.

La expulsión de la familia generó críticas por la escasez de recursos con los que quedaron: apenas 190 dólares del comisariato. Castro calificó la situación de “atroz”. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que la madre rechazó ayuda gubernamental, que incluía 2.600 dólares y un vuelo de regreso gratuito. Hoy, la familia permanece en la frontera mexicana sin atención médica para el bebé.

El caso vuelve a poner la lupa sobre el centro de Dilley, que reabrió durante la administración de Donald Trump y actualmente alberga alrededor de 1.400 personas, incluidos 400 menores. Datos de Deportation Data Project indican que entre enero y octubre de 2025 se detuvo a un promedio de 170 niños cada mes en Estados Unidos, lo que refleja la magnitud del impacto de las políticas migratorias en la infancia.