El día que cumplía 66 años, el expríncipe Andrés fue detenido por la policía inglesa bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público, en un giro que vuelve a colocar a la monarquía británica bajo el escrutinio judicial. La policía de Thames Valley confirmó el arresto de un hombre de unos sesenta años en Norfolk, en relación con investigaciones derivadas del caso del financiero estadounidense Jeffrey Epstein.

El exmiembro de la familia real ,apartado de la vida pública y despojado de sus títulos por su hermano, el rey Carlos III, ocupó entre 2001 y 2011 el cargo de representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional. Nuevos documentos revelados el 11 de febrero sugieren que en 2010 habría enviado a Epstein informes confidenciales sobre oportunidades de inversión en Afganistán, así como reportes de viajes oficiales a China, Singapur y Vietnam. La fiscalía británica confirmó que mantiene contacto con la policía por estas sospechas.

Como parte de la investigación, las autoridades realizan registros en dos propiedades en Inglaterra mientras el detenido permanece bajo custodia. El delito de mala conducta en el ejercicio de un cargo público puede acarrear hasta cadena perpetua, según la Fiscalía de la Corona. El caso se nutre de millones de archivos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos tras la muerte de Epstein en 2019.

Las acusaciones se suman a señalamientos previos de agresión sexual, incluidas las denuncias de Virginia Giuffre —quien se suicidó en 2025— y otras mujeres que afirmaron haber sido forzadas a mantener relaciones sexuales con el entonces príncipe. En paralelo, las autoridades revisan información relacionada con otras figuras públicas mencionadas en los documentos. Más allá del impacto personal, el proceso reabre un debate incómodo para la monarquía: hasta qué punto el prestigio institucional puede resistir el peso de investigaciones judiciales aún en curso.