Perú amaneció con un nuevo mandatario provisional y con la sensación de déjà vu que persigue a su política desde hace casi una década. El izquierdista José María Balcázar fue elegido presidente del Congreso y, por mandato constitucional, quedó automáticamente al frente del Ejecutivo tras la destitución de José Jerí. Es el octavo jefe de Estado desde 2016, una cifra que resume la fragilidad institucional de un país que votará el 12 de abril con más de 30 aspirantes en carrera.

Abogado, militante de Perú Libre y figura veterana de 83 años, Balcázar obtuvo 60 votos en una sesión extraordinaria del Legislativo, superando a María del Carmen Alva, Edgard Reymundo y Héctor Acuña. En su juramento prometió una transición “pacífica y transparente” hasta el 26 de julio, cuando asuma el presidente electo. Pero su designación no llega libre de sombras: ha sido investigado por presunta apropiación indebida y en 2023 desató indignación al sostener en el Parlamento que las relaciones sexuales tempranas favorecen el desarrollo psicológico femenino, durante un debate sobre matrimonio infantil.

Su llegada ocurre tras la abrupta caída de Jerí, de 39 años, apartado por el Congreso por “inconducta” e “idoneidad insuficiente”. La fiscalía lo investiga por presunto tráfico de influencias, luego de revelarse una reunión encubierta con un empresario chino y su supuesta intervención en contrataciones públicas. Jerí había asumido en octubre tras la salida de Dina Boluarte, destituida en un juicio político exprés en medio de cuestionamientos por la inseguridad y la violencia.

La escena política peruana arrastra un largo historial de sobresaltos: Pedro Castillo está preso por su fallido intento de disolver el Congreso; Alejandro Toledo y Ollanta Humala cumplen condenas por corrupción. En ese contexto, el encargo de Balcázar no solo será organizar elecciones limpias, sino intentar devolver algo de credibilidad a una ciudadanía que observa cómo el poder cambia de manos con una rapidez que ya no sorprende, pero sí desgasta.