Con el propósito de fortalecer la protección de los derechos humanos y garantizar justicia efectiva para las víctimas de violencia sexual, la diputada Roxanna Hernández Ramírez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado, encabezó una mesa de trabajo donde se analizó la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de San Luis Potosí para sancionar con mayor rigor los delitos sexuales, especialmente los cometidos contra niñas, niños y adolescentes.
Durante la sesión, se presentaron propuestas que buscan modificar el tipo penal de violación, abuso sexual y estupro, incorporando el consentimiento libre, consciente y afirmativo como elemento central en la definición de estos delitos, en lugar de exigir la demostración de fuerza física o moral como actualmente establece la ley.
La iniciativa, impulsada junto a organizaciones civiles como LUMINAS A.C., Equality Now y Red Libres, busca armonizar la legislación estatal con los estándares internacionales de derechos humanos, promoviendo un enfoque que priorice la protección integral de las víctimas y elimine vacíos legales que han permitido la impunidad.
“Queremos avanzar hacia una justicia que escuche y crea en las víctimas. El consentimiento debe ser entendido como una manifestación libre de voluntad, no como una ausencia de resistencia”, señaló la diputada Hernández Ramírez, quien destacó que esta propuesta se alinea con las iniciativas impulsadas a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para erradicar la violencia sexual.
Por su parte, Elizabeth Plácido, representante de Equality Now, subrayó que muchos casos quedan impunes porque los agresores logran reclasificar los delitos como estupro, que implica sanciones menores. “Hay que dejar de exigir violencia física para reconocer una violación; existen formas de coerción y abuso de poder que deben ser consideradas igualmente graves”, afirmó.
Finalmente, Mónica Reynoso Morales, de LUMINAS A.C., adelantó que continuarán las mesas de trabajo abiertas a la ciudadanía para enriquecer la iniciativa y fortalecer los mecanismos de protección hacia los sectores más vulnerables, garantizando una justicia más humana y con perspectiva de género.
