La discusión sobre el consentimiento y la protección de derechos en México tuvo un avance significativo esta semana en la Cámara de Diputados. Los legisladores aprobaron una modificación al Código Penal que redefine el concepto de abuso sexual, estableciendo expresamente que la ausencia de una negativa explícita no puede interpretarse como consentimiento. Esta precisión legal llega en un momento en que movimientos sociales demandan mayor claridad y justicia en casos de agresión.

Con este cambio, se busca combatir un viejo problema: la ambigüedad que por décadas complicó la persecución de delitos sexuales. Antes, los tribunales podían considerar el silencio o la falta de resistencia física como una señal de consentimiento tácito. La reforma elimina ese criterio y obliga a que exista una manifestación de voluntad clara y libre para que una relación o acto pueda considerarse consentido, protegiendo así a potenciales víctimas de interpretaciones judiciales que las responsabilizaban por no haber dicho “no”.

Además de este punto central, los diputados ajustaron conceptos relacionados con la coerción y las circunstancias que constituyen abuso, con el objetivo de armonizar la legislación penal con estándares internacionales de derechos humanos. Grupos civiles que han acompañado la iniciativa celebraron la aprobación, al considerarla un paso hacia la justicia para personas que han enfrentado barreras para que sus casos sean investigados y sancionados adecuadamente.

Para la sociedad, la reforma representa más que un ajuste técnico: es un reconocimiento de que las palabras y las acciones deben ser interpretadas con un enfoque de respeto a la autonomía y dignidad de cada individuo. Aunque aún falta que los senadores ratifiquen y que el texto entre en vigor, el debate legislativo abrió espacios para discutir —en voz alta y con consecuencias legales— qué significa realmente consentir.