Por 20 votos a favor y cinco en contra de las y los diputados presentes, el Pleno del Congreso del Estado aprobó la armonización a la Ley federal en materia de simplificación orgánica, transparencia y acceso a la información pública publicada el 12 de diciembre de 2024, con lo que es inminente la extinción definitiva a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) y se crea el Subsistema de Transparencia del Estado de San Luis Potosí liderado por la Contraloría del Gobierno del Estado.

La reforma aprobada establece que la responsabilidad y garantía del derecho humano a la transparencia recaerá en el Poder Ejecutivo del Estado a través de un Organismo Desconcentrado de la Administración Pública Estatal sectorizado de la Contraloría General del Estado; de la misma manera, tanto los Poderes Legislativo, Judicial y Organismos Constitucionales Autónomos deberán, a través de sus Órganos Internos de Control, dar garantía y cumplir con lo establecido en la Ley General de Transparencia. En los Transitorios es donde se establece la extinción de la CEGAIP.

En contra, el coordinador de la bancada panista, Rubén Guajardo Barrera dijo en Tribuna que con la reforma se da un paso atrás a la democracia, pues desde hace 20 años en México se apostó por un órgano autónomo e independiente de los tres poderes para garantizar la transparencia. Recordó que con ese sistema de contrapeso lograron sacar a la luz pública presuntos actos de corrupción como el "toalla gate" en el sexenio de Vicente Fox, la "Casa Blanca" en el de Enrique Peña Nieto, entre otros escándalos. 

El emecista Marco Antonio Gama Basarte manifestó que la transparencia es un derecho de la ciudadanía a saber cómo se ejercen los recursos públicos, un mecanismo de combate a la corrupción y confianza institucional que, defendió, ahora tiene una reconfiguración, armonizando el marco jurídico local con el modelo nacional ya aprobado, por lo que el Congreso del Estado tiene la responsabilidad de asegurar que cualquier modificación institucional preserve los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y máxima publicidad.

La petista Diana Ruelas Gaitán señaló que el derecho humano a la información pública constituye uno de los pilares fundamentales para la democracia y la transparencia es una obligación institucional de gobiernos abiertos, propósitos que la reforma finalmente aprobada cumple, pues simplifica estructuras, mejora la coordinación interinstitucional y establece un modelo más eficiente para garantizar el acceso y proteger los datos personales sin afectar la autonomía de los poderes y organismos del estado.

Al tratarse de una reforma constitucional, para que entre en vigor deberá contar con la aprobación de al menos 30 de los 59 municipios de la entidad.