El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó una reforma constitucional que permitirá a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a la Guardia Civil Estatal y a las policías municipales participar de manera formal en las tareas de investigación de delitos, siempre bajo la dirección y mando del Ministerio Público.
La modificación a los párrafos primero, tercero y cuarto del artículo 122 TER de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí armoniza el marco jurídico local con las disposiciones federales derivadas de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2024, que actualizó el artículo 21 de la Constitución federal.
El diputado Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, explicó que esta reforma tiene como finalidad fortalecer la coordinación institucional entre los distintos niveles de gobierno, con el objetivo de hacer más eficiente la investigación y persecución de los delitos del fuero común.
“Se trata de un paso importante para garantizar que el Estado investigue y persiga los delitos respetando siempre los derechos humanos y el debido proceso. La procuración de justicia debe realizarse de forma legal, transparente y con responsabilidad institucional”, subrayó el legislador.
De acuerdo con la reforma, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Civil Estatal y las policías municipales podrán intervenir en labores de investigación conforme a sus competencias, pero únicamente bajo la conducción del Ministerio Público, quien conservará la facultad exclusiva de ejercer la acción penal ante los tribunales.
La exposición de motivos destaca que esta medida busca reforzar el derecho humano a la procuración de justicia, garantizando que todas las personas tengan acceso a mecanismos eficaces para proteger sus derechos y obtener la reparación de daños ocasionados por delitos o violaciones a la ley.
Con esta aprobación, el Congreso consolida un marco normativo que impulsa una justicia más coordinada, profesional y cercana a la ciudadanía potosina.