El dinero público tiene reglas y, cuando se rompen, la factura llega directo al bolsillo. Durante el ejercicio 2025, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado impuso multas a 482 servidores públicos municipales por ocultar información, incumplir procedimientos de adjudicación y no comprobar debidamente el uso de recursos. Las sanciones derivan de las auditorías practicadas a las cuentas públicas de los 59 municipios potosinos.

En conjunto, las multas alcanzan los 3 millones 322 mil pesos. El monto, según informó el titular del organismo, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, será destinado a fortalecer tareas de fiscalización y capacitación. A diferencia de otras medidas administrativas, estas sanciones no salen del presupuesto municipal, sino del patrimonio personal de quienes ejercieron directamente los recursos, entre ellos alcaldes, tesoreros y responsables de Desarrollo Social.

Para hacer efectivas las sanciones fue necesario iniciar procedimientos administrativos de ejecución con carácter de juicio. Una vez convertidas en créditos fiscales, los funcionarios están obligados a cubrirlas con sus propios recursos. En caso de incumplimiento, pueden enfrentar consecuencias adicionales que van desde nuevas sanciones hasta la imposibilidad de participar en procesos electorales o desempeñar cargos públicos en el futuro.

El auditor superior subrayó que la multa no sustituye el resarcimiento del daño cuando existe afectación al erario. Mientras el resarcimiento busca recuperar recursos o corregir obras mal ejecutadas, la multa funciona como medida de apremio personal para garantizar que se cumpla la ley. Según explicó, en el pasado hubo mayor permisividad frente a este tipo de omisiones, lo que generó rezagos en la entrega de información y en la comprobación del gasto. Ahora, el mensaje es claro: las irregularidades ya no pasan sin consecuencias.