La Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado y el Poder Judicial de San Luis Potosí sostuvieron una mesa de trabajo para fortalecer los procesos en materia civil, familiar y los mecanismos alternativos de solución de controversias. Durante el encuentro, encabezado por la diputada Jessica Gabriela López Torres y la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, se destacó la importancia de consolidar un marco jurídico moderno, eficaz y con perspectiva de derechos humanos.
Uno de los principales temas abordados fue el Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias, herramienta que busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones económicas hacia hijas, hijos y adolescentes. La legisladora López Torres señaló que se analiza la posibilidad de que este registro sea de consulta pública, como ocurre en otras entidades, subrayando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado que su difusión no vulnera derechos humanos ni resulta inconstitucional.
Sin embargo, la diputada advirtió que lo más relevante es asegurar que el padrón cumpla su objetivo central: proteger el derecho a la alimentación de la niñez, evitando que se convierta en una medida meramente administrativa. En este sentido, ambas instituciones acordaron revisar experiencias exitosas de otros estados y generar una propuesta sólida que garantice resultados tangibles.
Durante la reunión también se analizaron los avances en la implementación de procesos orales en materia civil y familiar, considerados un reto para el sistema judicial por la necesidad de capacitación, infraestructura y actualización normativa. Asimismo, se abordó la iniciativa de la diputada Leticia Vázquez sobre mecanismos alternativos de solución de controversias, con el compromiso de elaborar un dictamen que armonice las atribuciones del Poder Judicial y del Centro Estatal de Mecanismos Alternativos.
López Torres enfatizó que estos instrumentos promueven la resolución pacífica de conflictos, reduciendo la carga judicial y fomentando una cultura de diálogo. Finalmente, reconoció la disposición del Poder Judicial para mantener una coordinación constante que permita fortalecer la justicia y la protección de los derechos de las familias potosinas.
